INTRODUCCIÓN
Hablar de cómo empezó la llamada “revolución roja” en España implica adentrarse en una etapa de profunda inestabilidad política, social y económica que marcó los años de la II República. Lejos de tratarse de un fenómeno espontáneo, el clima revolucionario fue el resultado de una combinación de pobreza estructural, enfrentamiento ideológico, debilidad institucional y una escalada progresiva de conflictos que desbordaron el orden público.
En este contexto, huelgas, insurrecciones, atentados y estados de excepción se sucedieron con una frecuencia inusual en la Europa occidental de la época. A ello se sumó la influencia de los movimientos revolucionarios internacionales y de la Internacional Comunista, que veían en España un terreno propicio para el estallido de una revolución de mayor alcance. Este artículo analiza la coyuntura revolucionaria que fue configurando ese escenario de ruptura, situando los hechos en su marco histórico y político.
La coyuntura revolucionaria
Una revolución política precisa para triunfar no sólo un programa o unos proyectos sediciosos concretos: lo que necesita, en primer lugar, son unas condiciones sociales apropiadas que permitan el florecimiento de un clima a propósito; es decir, una atmósfera revolucionaria que envuelva toda la sociedad y que logre contaminarla.
Es evidente que las condiciones sociales de la España de 1930 eran propicias para el triunfo de una revolución social. La mayoría de la población española se desenvolvía dentro de unos parámetros socioeconómicos deficientes, con una gran tasa de analfabetismo y con una esperanza de vida que frisaba los cincuenta años de edad.
No cabe duda que la coyuntura había mejorado desde 1900, cuando la esperanza de vida apenas sobrepasaba los 35 años, mas la situación social seguía siendo precaria en comparación con los países más avanzados de la Europa occidental. Hasta tal punto esto era así que el mismísimo Lenin había profetizado en 1920 que el segundo país europeo donde triunfaría una revolución comunista sería seguramente España, lo cual seguía pensando seriamente Trotsky años después, coincidiendo con la proclamación de la II República.
No obstante, el pronunciamiento militar de 1923 había arrinconado la actividad revolucionaria, al ilegalizar y sancionar las acciones del anarcosindicalismo y llegar a una especie de entendimiento con el sindicato socialista de la UGT; Francisco Largo Caballero llegaría a ser consejero de Estado y dos dirigentes del sindicato (Julián Besteiro y Enrique Santiago) votarían a favor de la representación obrera en la Asamblea Nacional Consultiva, instituida por el régimen primorriverista[1]. Por aquel entonces, el papel del Partido Comunista español era más bien testimonial, tal como refleja el general Emilio Mola en sus memorias, quien había presidido la Dirección General de Seguridad en 1930-1931[2], lo que no era óbice para que en 1925 el dirigente comunista José Bullejos hubiese acompañado a Moscú al político catalán y militar Francisco Maciá, a fin de obtener armamento y financiación de la III Internacional, en previsión del intento revolucionario separatista de Prats de Molló que fracasaría[3].
La caída de la dictadura en enero de 1930 supuso la revitalización de la Constitución de 1876 y la reiniciación de las acciones revolucionarias. Tanto la CNT como el PCE impulsaron determinados actos desestabilizadores, y el Partido Socialista se aliaría con los republicanos, a raíz del denominado Pacto de San Sebastián, preparando un levantamiento revolucionario contra el régimen monárquico que a la postre también fallaría[4], aunque les costaría la vida a los capitanes Galán y García Hernández, fusilados en Jaca el 14 de diciembre tras celebrarse el consejo de guerra reglamentario.
Comenta en sus memorias el primer Presidente de la II República, don Niceto Alcalá-Zamora, que la proclamación del régimen republicano cuatro meses más tarde fue una revolución pacífica que no produjo víctima alguna, y si bien esto es cierto cronológicamente, también lo es que la previa intentona de diciembre y lo ocurrido sin solución de continuidad a partir del 14 de abril de 1931 sí las produjeron, precipitando al país hacía una incipiente fase revolucionaria[5]. Sin fijarnos ni siquiera en la quema de iglesias y conventos, en la provincia de Sevilla sí hubo muertos por ambas partes; incluso tras aplicarse la ley de fugas a varios sindicalistas revoltosos en pleno parque hispalense de María Luisa durante las primeros meses del nuevo régimen[6]. Y es que la capital andaluza constituía por entonces uno de los focos más revolucionarios de la Península[7], junto con La Rioja[8]. De hecho, el primer gobernador civil sevillano, tras la proclamación de la república, informaba al Gobierno provisional en los siguientes términos[9]:
CONCLUSIONES
Primera. – Estamos ya en plena guerra civil. El hecho de que el enemigo no dé batallas todos los días, y conviva entre nosotros, no quita virtualidad a la certeza terrible que, hay que reconocer prescindiendo de todas las frivolidades, de que la República, a lo menos en la provincia de Sevilla, tiene planteada una guerra, con su acompañamiento ya existente de muertes y devastaciones.
El enemigo que, se ampara en los derechos y libertades existentes, con el propósito criminal de destruirlos por la violencia, cuenta con jefes, con pistoleros mercenarios, con táctica propia, con planes de lucha bien concebidos, con unidad de acción para la propaganda y la refriega, y con energía y perseverancia necesarias para triunfar.
Segunda. – Apoyándose en muchos siglos de injustica y en la ceguera casi unánime de las clases altas, los anarquistas y comunistas quieren dominar sobre este pueblo antes de que la República haya tenido tiempo para elevar el grado de su cultura y las condiciones económicas de su vida.
Tercera. – Los obreros y campesinos sevillanos, víctimas de las más disparatadas propagandas, por parte de muchos y de las más bajas adulaciones por parte de casi todos, sienten aumentadas por días, y con independencia de sus deseos de mejoramiento y de justicia, una ansia vengativa y destructora que la República no podrá satisfacer, sino en coincidencia con su suicidio
Cuarta. – La población de la capital y de los pueblos tienen para los pistoleros la misma atemorizada simpatía que antiguamente sintió para los bandoleros. Los terroristas tienen hoy en su mano toda la iniciativa y los medios de imponerla. Por su libre determinación, deciden en cada caso la tregua o la lucha y las modalidades de ésta, eligiendo con acierto los momentos y los lugares oportunos para un avance hasta hoy ininterrumpido.
Quinta. – De acuerdo con lo que tiene escrito en sus libros y practicado en todas las ocasiones análogas, los enemigos prosiguen cada vez más acentuadas su táctica de perturbación; con la que consiguen después destruir la riqueza apoyando después los nuevos ataques en la miseria creada, para contar con último con el ejército de los hambrientos. La cantidad de riqueza hoy ya aniquilada en la provincia de Sevilla asustaría a los más alejados de la realidad si se pudieses valorar debidamente.
Sexto. – Como consecuencia de todo lo anterior, en baja constante de virtudes ciudadanas, cada día se retrocede algo o mucho en nuestro campo, o sea del lado de la libertad, de la dignidad humana y de la esperanza de justicia, que quedarían irremediablemente perdidas por el triunfo final del enemigo, cualquiera que entonces fuese el resultado de la lucha definitiva.
Esta atmósfera de anarquía revolucionaria no disminuyó en la ciudad referida, sino que se mantendría[10] y se propalaría, incluso, a otras partes de la Península, hasta el punto de que en la primavera de 1936 el estado del país presentaba un aspecto caótico, en lo que concierne a la seguridad y al orden público, a juicio de varios viajeros extranjeros y de lo que se escuchaba en los debates parlamentarios.
No obstante, antes de la llegada al poder del Frente Popular en febrero de 1936, ya habían acaecido en el país incontables alteraciones de la tranquilidad pública que habían requerido la declaración del estado de guerra y la suspensión de las garantías constitucionales en no pocas ocasiones.
De hecho, la normativa aprobada hasta entonces fue bastante drástica en lo tocante a la preservación del orden, hasta el punto de promulgarse una nueva Ley de Orden Público en 1933, mucho más adecuada para tales zozobras sociales que la antigua legislación del siglo XIX. Y eso que la minoría socialista había conseguido que en las discusiones preliminares se suprimiera algún precepto importante, como el que iba a permitir a los gobernadores civiles la clausura de los locales de las asociaciones obreras que hubiesen organizado huelgas o manifestaciones tumultuarias, así como la detención de sus directivos[11]. Cosa nada extraña, pues un año antes, el Código Penal también había suprimido la pena de muerte de su articulado, como sinónimo de una sociedad progresista; pero una ley especial de dos años más tarde se vio en la necesidad de legalizarla de nuevo para castigar los múltiples atentados sociales.
La inestabilidad política y social reinante durante la II República no puede ponerse en duda, en absoluto; cuando en los cinco años previos a las hostilidades bélicas de 1936 se sucedieron dieciocho gobiernos y actuaron 160 ministros en la cúspide del Estado[12].
La normativa de la época no nos engaña acerca del ambiente revolucionario existente entonces. Como hechos netamente revolucionarios, dejando a un lado altercados y atentados sociales ocurridos durante el periodo, nos hallamos con el alzamiento anarquista de la cuenca del Llobregat (enero de 1932), con el golpe militar del general Sanjurjo (agosto de 1932), con la revuelta anarquista de Casas Viejas (enero de 1933), con la insurrección de la CNT de diciembre de 1933[13] o, mismamente, con la revolución de Asturias y la declaración del Estado catalán (octubre de 1934). En total, las insurrecciones y los atentados personales generarían unas dos mil víctimas mortales, antes de que el Frente Popular se hiciera con el poder político.
En gran parte del territorio nacional fueron considerados como “hechos de guerra” numerosos incidentes del orden público.
En primer lugar, el Ministerio de la Guerra consideró como tales aquellos servicios extraordinarios prestados por fuerzas del Ejército y la Guardia Civil, a raíz de la proclamación de la República y hasta el 29 de marzo de 1932; así como las actuaciones similares completadas por dichas fuerzas entre los días ocho y diez de enero de 1933.
No solamente se consideraron acciones bélicas aquellas en las que habían intervenido tales unidades, sino también los servicios prestados por la Guardia Civil para la restauración del orden, pero que hubieran ocasionado bajas en la tropa. Así, el decreto de 25 de junio de 1933, catalogaba como acciones de guerra los actos en que miembros del cuerpo hubieran muerto o resultado heridos en situaciones análogas a las de la guerra, fijando el Inspector general de la Guardia Civil como tales hasta veintiocho acciones de armas, comprendidas entre el nueve de mayo de 1931 y el 25 de mayo de 1933; y ocurridas en los territorios de veinte provincias de la Península[14].
A mayor abundamiento, y en conformidad con el boletín oficial de la época[15], también serían conceptuadas como acciones bélicas las alteraciones ocurridas en los siguientes lugares: Málaga (01.06.1932); Puertollano (02.09.1932); Hermigua (22.03.1933); Elda (10.05.1933); Sevilla (18.09.1933); Arroyo de San Serván (01.05.1934); Fuente del Maestre (04.05.1934); puente sevillano sobre el río Huesnas (01.06.1934), Alconchel (05.06.1934); carretera madrileña de Chamartín (09.06.1934) Sestao (18.07.1934); Ciudad Universitaria de Madrid (19.09.1934).
Mientras tanto, el estado de prevención, regulado por la nueva ley de orden público de 1933, sería decretado, pocos días después, en la provincia de Sevilla, a iniciativa del Presidente del Consejo de Ministros; en Cataluña, el seis de octubre; y en todo el territorio nacional, el cuatro de diciembre del mismo año[16]. Ese estado de prevención continuó en vigor durante el año siguiente por todo el país, exceptuando los territorios en que rigió temporalmente los estados de alarma y de guerra.
De todos estos años, el menos conflictivo parece que fue el periodo de 1935 en el que, sin embargo, se produjeron más de cuarenta fallecimientos debidos a motivaciones políticas y sociales. Y aunque este ejercicio contabilizara pocos decesos en relación con los años precedentes, ello no significaba que las fuerzas revolucionarias decrecieran en su actividad. De hecho, la declaración del Estado de Guerra promulgado el 6 de octubre de 1934[17], con ocasión de la revolución asturiana, fue prorrogado para todo el país hasta finales de enero siguiente, manteniéndose en las regiones de Asturias y Cataluña, así como en las provincias de Madrid, Zaragoza, Teruel, Huesca, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Palencia, León, al igual que en las plazas de soberanía de Marruecos, Ceuta y Melilla (decreto de 23 de enero de 1935).
Así las cosas, por decreto de 13 de abril de 1935, se levantaba el estado de guerra, pero se sustituiría por el de alarma en los territorios referidos, declarándose además subsistente el estado de prevención para el resto del territorio nacional[18]. No obstante, el 28 de junio de 1935, el Presidente de la República firmaba un nuevo decreto por el que se promulgaba el estado de guerra nuevamente en Barcelona y su provincia[19], que persistiría hasta finales de septiembre[20]. Con todo, el estado de alarma subsistiría en Asturias y provincias de Madrid y Barcelona hasta principios de enero de 1936[21]; y el de prevención, en las provincias de Zaragoza, Lérida, Gerona, Tarragona, León, Palencia y Vizcaya, así como en las plazas de Ceuta y Melilla. Con ello, quedaban restablecidas las garantías constitucionales cara a las próximas elecciones generales de febrero de 1936, decretándose nuevamente por el Presidente de la República el estado de alarma para todo el país el día siguiente a tales elecciones[22].
Este peculiar estado de excepción persistirá hasta el inicio de la guerra civil, solamente levantado temporalmente en las provincias de Cuenca, Granada, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra (por mor de repetirse las elecciones y a causa de los comicios autonómicos gallegos); y en las provincias de Castellón, Soria, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa (restablecido no obstante el 17 de abril[23]).
Curiosamente, no iba a declararse el estado de guerra durante el primer semestre, pese a las gravísimas alteraciones del orden público que tendrían lugar en la mayor parte del territorio nacional. Con todo, sí se consideraron como “hechos de guerra” los atentados sangrientos cometidos “por elementos rebeldes del Régimen”[24] contra dos números de la Guardia Civil en Arcos y Jerez de la Frontera en el mes de enero; así como el atraco con sangre perpetrado en la estación valenciana de Puig hacia las mismas fechas[25].
Por lo demás, son conocidos los gravísimos altercados políticos que, tras las elecciones de febrero de 1936, iban a producirse en España; y que se traducirían en cerca de quinientos homicidios[26], miles de heridos, centenares de incendios y asaltos cometidos contra centros políticos, privados y religiosos. Igualmente, ocurrieron ocupaciones forzadas de fincas; fueron declaradas múltiples huelgas, y se cometieron numerosos atracos. En algunos lugares hasta se impuso la organización de un comunismo de carácter incipiente, como en las Islas Canarias[27].
En consecuencia, la situación del orden público era insostenible, como quedó suficientemente acreditado en sede parlamentaria, lo que hacía pensar –seriamente- en la pronta explosión de un movimiento revolucionario de corte radical[28], tal y como había sucedido en Rusia en 1917, pues las “condiciones objetivas”[29] del desorden social reinante (movimientos huelguísticos, desobediencia, pobreza económica, viejo feudalismo, religiosidad, agitación, etc.) guardaban bastante paralelismo.
En resumen, se daba una coyuntura política muy inestable, aderezada de huelga y atentados políticos por doquier, que es el primer capítulo de un revolución marxista-leninista; ya que tras esa inestabilidad, le seguiría una insurrección armada, diseñada por el aparato militar, dependiente de la III Internacional[30].
Gracias a diversas informaciones -entre ellas las memorias y testimonios de antiguos revolucionarios- ha podido saberse que los hombres del comunismo generaron desórdenes, cometieron atracos y atentaron contra adversarios políticos desde finales del año 1935 en adelante[31], con el propósito de generar en nuestro país una atmósfera de enfrentamiento social con fines revolucionarios; todo ello controlado por agentes especiales del Komintern, hasta el punto de prever estos en la primavera de 1936 que la revolución en España estallaría en poco tiempo[32].
Y es aquí cuando cobra importancia el programa de la Internacional Comunista, según la versión que los comunistas norteamericanos publicaron en febrero de 1936, pues el Partido Comunista estadounidense representaba una de las secciones más importantes del Komintern; no en vano, afectaba al proletariado de una extensísima nación donde el capitalismo había tenido un desarrollo espectacular. Todo ello viene a ratificar el que el congreso mundial de 1935 no había alterado el programa ni los estatutos aprobados con anterioridad por la Internacional Comunista. Como botón de muestra, así rezaban parte de los capítulos impresos en EE. UU., teñidos de práctica política y oportunismo revolucionario:
El objetivo final de la Internacional Comunista es sustituir la economía capitalista mundial por la sociedad comunista en el mundo (…)
La revolución proletaria significa la invasión forzada del proletariado en el dominio de las relaciones jurídicas de la propiedad en una sociedad burguesa (…)
La conquista del poder por el proletariado no significa capturar pacíficamente el aparato del estado burgués por una mayoría parlamentaria. La conquista del poder por el proletariado es el derrocamiento violento del poder de la burguesía, la destrucción del aparato estatal del capitalismo (ejército burgués, policía, jerarquía administrativa, poder judicial, parlamentos y así sucesivamente) y sustituir en su lugar los nuevos órganos del poder proletario (…)
La forma soviética del estado constituye la forma superior de la democracia, nominalmente la democracia proletaria (…)
La confiscación de todas las grandes empresas capitalistas de naturaleza privada (fábricas, plantas, minas) y la transferencia de todas las compañías estatales y municipales a los soviets (…).
La confiscación de todas las tierras y haciendas en la ciudad y en el campo (propiedad privada, Iglesia, monasterios y otros propietarios) (…)
Monopolio del comercio exterior (…)
La dictadura del proletariado es la continuación de la lucha de clases bajo nuevas condiciones. La dictadura del proletariado es una obstinada lucha sangrienta y sin sangre, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa contra las fuerzas y tradiciones de la vieja sociedad (…)
Una de las más importantes tareas de la revolución cultural con repercusión en las masas es combatir, sistemáticamente y sin vacilar, la religión, que es el opio del pueblo[33].
En teoría, la III Internacional entendía que en aquellos países como España y Portugal, con un nivel medio de desarrollo capitalista, y por tanto con pocos elementos materiales para la edificación del socialismo, era menester una revolución burguesa, pero ello no era obstáculo para una transformación rápida de la revolución liberal en revolución socialista[34]; y, en España, había existido una revolución democrática en abril de 1931…
A mayor abundamiento, la vecina Francia contaba con una implantación capitalista más profunda; y en un país desarrollado -pensaban los teóricos del Komintern- la dictadura del proletariado procedía de inmediato, pues la construcción de la sociedad socialista parecía más sencilla[35].
No obstante, la práctica terminaría modificando los presupuestos teóricos iniciales. De hecho, por lo que a España respecta, tras las elecciones de febrero de 1936, los técnicos moscovitas comprendieron que resultaba imprescindible una guerra civil para instaurar el poder soviético[36]; y que lo que estaba sucediendo en España era una revolución, necesitando los revolucionarios apoyo y dirección para consolidar el movimiento de rebeldía. Por su parte, en suelo francés, el triunfo del Frente Popular en mayo, no supuso una insurrección armada, sino el control paulatino y silencioso del aparato del Estado por parte del poder soviético en la sombra.
De hecho, nuestro país se había convertido en el centro explosivo de la Europa meridional, de gran importancia estratégica al contar con ramificaciones en Portugal, Francia y norte de África.
[1] García Venero, M. (1957): Historia de las Internacionales en España, tomo II, Ediciones del Movimiento, Madrid, p. 430.
[2] Emilio Mola Vidal había sido nombrado Director general de Seguridad por decreto de 12 de febrero de 1930. Fue cesado recién proclamada la II República: Como Presidente del Gobierno provisional de la República y de acuerdo con el mismo, vengo en disponer que se cese en el cargo de Director general de Seguridad, D. Emilio Mola Vidal. Dado en Madrid a catorce de Abril de mil novecientos treinta y uno (Gaceta de Madrid, [17.04.1931]).
[3] Cf. García Venero, M. (1957): Historia de las Internacionales en España, tomo II … p. 431.
[4] En el mes de noviembre de 1930 fuimos requeridos todos los jóvenes socialistas y nos fueron dadas las instrucciones correspondientes; se esperaba una sublevación. Soy designado como enlace de la Juventud con el Partido y se me encarga de llevar partes, siempre verbales y en clave, de la dirección a Largo Caballero, y viceversa. Cf. Reguengo, V. (1955): Guerra sin Frentes, Editorial AHR, tercera edición, Barcelona, p. 30.
[5] El último proceso revolucionario de la época y el único iniciado en pleno periodo de entreguerras fue el que comenzó en España en 1931 (…) Para que se iniciara el proceso en España, lo fundamental fue la incidencia de la revolución más básica, la psicológica que se manifiesta en el incremento de las expectativas y que actúo sobre la generación de la primera guerra mundial. Dicha revolución se había agudizado menos por la evolución política que por la rápida transformación social y económica de la década de 1920, que hizo que durante varios años se alcanzase en España unos de los índices de crecimiento más elevados del mundo, lo cual produjo un “despegue” de la modernización que se vio brutalmente truncado por la Gran Depresión, aunque sin llegar totalmente a invertir su tendencia. Al llegar el año 1930 el empleo en el sector primario había caído hasta representar menos de la mitad de la población activa, y esos decisivos cambios desataron una creciente demanda de mayores canales de expresión política y de grandes reformas sociales e institucionales (…) las frustraciones que impusieron ayudaron a fomentar una radicalización que empujó las demandas reformistas hacia los objetivos revolucionarios (…). Cf. Payne, S. G. (2011): La Europa revolucionaria…, pp. 209 y 213.
[6] Cf. Arrarás, J. (1969): Historia de la Segunda República española, cuarta edición, tomo I, Editora Nacional, Madrid, pp. 152-158.
[7] La “Semana Roja” de Sevilla, ocurrida en el verano de 1931, produjo como resultado veintidós decesos y más de medio centenar de heridos. Cf. Salas, N. (1992): La guerra civil en Sevilla, p. 107.
[8] En la madrugada de 3 de julio de 1931 estuvo a punto de declararse el estado de guerra en Logroño a causa de un movimiento huelguístico que produjo muertos y heridos (La Voz, [04-07.1931], Córdoba, p. 16). Y es que las milicias anarquistas de la provincia eran muy correosas (cf. Karl, M. [1937]: El enemigo, Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, p. 200).
[9] Oficios, diligencia y copia del informe del Gobierno Civil de Sevilla al Gobierno provisional de la República, de 25 de julio de 1931. CAUSA GENERAL, 1562, Exp. 17.
[10] Véase Salas, N. (1992): La guerra civil en Sevilla… p. 107.
[11] La Voz de Guipúzcoa, (22.06.1933), San Sebastián, p. 1.
[12] Arrarás, J. (1940): Historia de la Cruzada Española, tomo II, edición de 1984… p. 500.
[13] Huelga general revolucionaria, seguida de actuación de milicias armadas en Aragón y la Rioja, principalmente, extendiéndose por varias provincias. El panorama insurreccional era visto por la prensa del siguiente modo:
Nunca se había empleado en Madrid el arma cruel del terrorismo. Apenas si el sindicalismo anarquista había sumado voluntades en la capital de España. Ha sido necesario un desgobierno de dos años para que el extremismo anarquista prendiera en multitudes en abierta lucha con el socialismo. Porque los que ponen las bombas y los que disparan las pistolas no son gente de derecha: son obreros, a los cuales ha ganado la violencia de los métodos y la violencia de las doctrinas del comunismo libertario (cf. “Orden público”, El Adelanto, Salamanca, [07.12.1933], p. 3).
[14] Gaceta de Madrid, (25.06.1933).
[15] Ibidem, (28.06.1935).
[16] Gaceta de Madrid, (19.08.1933; 06.10.1933; 04.12.1933).
[17] Gaceta de Madrid, (07.10.1934).
[18] Ibidem, (15.04.1935).
[19] Ibidem, (29.06.1935).
[20] Ibidem, (28.09.1935).
[21] Ibidem, (08.01.1936).
[22] Ibidem, (18.02.1936).
[23] Ibidem, (18.04.1936).
[24] Ibidem, (01.03.1936).
[25] Ibidem, (16.02.1936). Curiosamente, los atracos para fines políticos fueron una táctica del comunismo a partir del segundo semestre de 1935: Pronto recibí una carta del Comité Central de mi Partido, pidiéndome que estudiase la forma de proporcionarle dinero por los medios que fueran, y como yo entendí que lo querían de un modo violento, en seguida celebré varias entrevistas con el secretario general de la M.A.O.C., planeando diversos golpes (cf. Reguengo, V. [1955]: Guerra sin Frentes…, p. 195).
[26] Aproximadamente, 450 defunciones. Véase Payne, S. G. (2011): La Europa Revolucionaria…, p. 236.
[27] Causa General.
[28] Los detractores de la situación imperante en España en junio y julio de 1936 la calificaban de caótica y anárquica, viendo en ella preparativos de revolución. Ya en abril los diplomáticos extranjeros destacados en Madrid se consultaban mutuamente cómo iban a reaccionar en caso de revolución violenta. Cf. Payne, S. G. (2011): La Europa Revolucionaria…, p. 235.
[29] El éxito de la insurrección armada depende de numerosos factores, entre los cuales los más importantes son:
- a) Las “condiciones objetivas favorables”; de ellas proviene el apoyo de las masas para el Partido y el debilitamiento de la autoridad y el poder del régimen: las dislocaciones económicas (el desempleo, la inflación, el desbarajuste en el sistema de suministros), los rozamientos políticos (la inhabilidad de los partidos no comunistas para ponerse de acuerdo sobre cómo resolver los problemas, el fraccionamiento interno en partidos y gobierno), el colapso de la moral general (el cinismo, la corrupción, las derrotas militares, las continuas presiones desde fuera).
- b) La fuerza política preponderante del Partido Comunista: séquito partidario numéricamente fuerte, o bien un séquito reducido, pero con neutralización del sostén político del régimen.
- c) El grado hasta el cual las masas están convencidas de que es posible una verdadera revolución y están dispuestas a sostenerla… “El Comunismo, la organización comunista clandestina, la organización militar del partido comunista”, General CIA Records… pp. 39 y 40.
[30] Cada sección de la III Internacional -es decir, cada partido nacional- tenía una comisión nacional de tipo militar; así como comisiones o delegaciones regionales y locales encargadas de preparar las insurrecciones locales, regionales o, incluso, nacionales. Fuente: archivo personal.
[31] Cf. Reguengo, V. (1955): Guerra sin Frentes, Editorial AHR, Barcelona, pp. 194-253.
[32] En otra reunión Paulino nos informa que el Comité Central exigía la formación de las milicias, ya que el fascismo nos llevaba ventaja, y que, además, desde aquel momento tendríamos a nuestro lado un colaborador que en momentos de urgencia podría tomar decisiones. Estos colaboradores fueron siempre los que impusieron su criterio y nos convertían a nosotros en juguetes puestos en sus manos; se trataba de elementos agitadores internacionales, que la Komintern enviaba a cualquier país en preparación de revoluciones, y a más de conocimientos políticos necesarios, eran conocedores perfectos de las cuestiones militares, por lo que yo supongo que eran profesionales de esta rama. A mí me tocó un tal Ramón, argentino de origen, en cuyo país había estado preso diez años, y del que estaba expatriado, si bien más adelante me confesó procedía de Moscú, en donde se estimaba que en breve plazo estallaría la revolución en España; también me dijo que los demás camaradas colaboradores procedían de Moscú (…) Galán nos propuso que el camarada italiano Fernando de Rosa Lencioni formase parte de la jefatura de las Milicias (…) Pronto acordó el envío a provincias de colaboradores para preparar levantamientos y atentados contra jefecillos (jefes de barrio de Falange y de Acción Popular), pues en esto consistían los atentados llamados de agitación, o sea pequeñas acciones que poco a poco llevan a grandes hechos, y a mí se me impuso la obligación de hacer prevalecer este criterio en el seno de “La Motorizada”, y, efectivamente, no puedo quejarme de mi actuación, ya que logré que la jefatura de aquella aceptase lo que ellos llaman acciones de escarmiento contra los derechistas. Hay que hacer resaltar estos acuerdos del Partido Comunista, ya que fueron al principio del período anterior al 18 de julio, que sembró la intranquilidad y desasosiego en la población y ayudó al estallido del movimiento de Franco, por nosotros tan esperado. Cf. Reguengo, V. (1955): Guerra sin Frentes… pp. 230-232.
[33] Capítulos I, III y IV. Cf. “Program and constitution of the Third International”, fuente: General CIA Records, CIA-RDP78-03362A001600130004-4, pp. 7 y 8. Se corresponde con el Programa de la III Internacional en vigor desde 1928: véase Programa y Estatutos de la Internacional Comunista (adoptados por el VI Congreso mundial en Moscú el 1º de septiembre de 1928) … pp. 9-52.
[34] Programa de la III Internacional, capítulo IV, apartado 8 (“La lucha por la revolución mundial del proletariado y los tipos fundamentales de revolución”), Programa y Estatutos de la Internacional Comunista (adoptados por el VI Congreso mundial en Moscú el 1º de septiembre de 1928) …
[35] Ibidem.
[36] Circunstancia que habían defendido tanto el POUM como el PCE desde 1935, así como los socialistas de Largo Caballero, siendo el mismísimo Luis Araquistáin su principal teórico. No obstante, tanto el citado como el leninista Joaquín Maurín pensaban que esa inevitable guerra civil revolucionaria sería de corta duración. Cf. Payne, S. G. (2011): La Europa revolucionaria…, pp. 230 y 231.
CONCLUSIÓN
La coyuntura revolucionaria de la España de los años treinta no fue el resultado de un único acontecimiento, sino la consecuencia de una acumulación prolongada de tensiones sociales, crisis económicas, polarización ideológica y debilidad del poder público para garantizar el orden y la estabilidad. La sucesión de insurrecciones, atentados, huelgas y estados de excepción evidenció que el sistema republicano nació y se desarrolló en un contexto de enorme fragilidad.
El análisis de este periodo muestra cómo la percepción de un clima de “guerra latente” fue ganando terreno en amplias capas de la sociedad, alimentada tanto por la violencia política como por la influencia de proyectos revolucionarios de alcance internacional. En definitiva, los años previos a 1936 configuran un escenario de confrontación creciente que ayuda a comprender por qué España se convirtió en uno de los principales focos de inestabilidad de la Europa meridional y en el epicentro de un conflicto que terminaría marcando de forma decisiva su historia contemporánea.
