INTRODUCCIÓN
El debate en torno a la existencia y autenticidad de unos supuestos documentos revolucionarios de inspiración marxista en la primavera de 1936 ha ocupado durante décadas a historiadores, juristas y analistas políticos. Estos textos, atribuidos a círculos próximos al comunismo internacional, describirían planes de insurrección armada, control de centros neurálgicos del Estado y neutralización de adversarios políticos y militares.
Más allá de la polémica sobre su origen concreto, su difusión, utilización propagandística y el contexto en el que aparecen obligan a interrogarnos sobre su verdadero significado histórico y político. ¿Fueron simples falsificaciones al servicio de la guerra psicológica o reflejan un clima real de preparación revolucionaria en determinados sectores de la izquierda española? Este epígrafe aborda esa cuestión desde una perspectiva interpretativa, jurídica e histórica, atendiendo tanto a los documentos en sí como al entorno político y social en el que circularon.
SIGNIFICADO DE LOS ESCRITOS
La existencia de planes clandestinos para instaurar en la España de 1936 un estado revolucionario ha sido ampliamente discutida en la bibliografía de nuestra guerra civil.
Curiosamente, antes del levantamiento militar de julio, esa posibilidad había sido comentada en las Cortes por algún diputado de la oposición, sin ser ni siquiera desmentida categóricamente por los grupos parlamentarios interesados en una revolución proletaria[1].
No obstante, tras la sublevación del Ejército, y como consecuencia de haberse hallado ciertos documentos comprometedores; y tras haber referido los jefes militares que se habían alzado para evitar una revolución de signo comunista, comenzaron los desmentidos por parte de interesados en sostener lo contrario, como sería el caso de Jesús Hernández[2], quien, curiosamente, en 1935 había participado en el VII congreso del Komintern celebrado en Moscú.
Pues bien, la corriente negatoria ha sido sostenida por varios autores, mayoritariamente extranjeros, destacando entre ellos el estadounidense Herbert R. Southworth (1908-1999). Sin embargo, los autores que sostienen tal planteamiento suelen olvidar lo que Luis Bolín escribió al respecto a finales de los años sesenta:
Cuando los planes para una revolución comunista aparecieron cerca de Sevilla, yo era jefe de la Oficina Militar de Prensa, establecida en esta ciudad, en constante contacto con los informadores extranjeros. Nadie me instó a divulgar esos planes, como se hubiera hecho de haber sido pergeñados para la propaganda. En segundo lugar, la hipótesis de que los comunistas españoles eran incapaces de actuar con independencia del Komintern carece de base (…) Y en el supuesto de que alguien de nuestro bando elaborara en julio de 1936 los planes de una conspiración, completa hasta el último detalle, supone un desconocimiento grande de la forma en que fue preparado el Movimiento contra la República –escaso detalle en cuanto al plan, ausencia absoluta de designio maquiavélico y olvido total de la opinión pública extranjera y de lo que no fuese la coincidencia individual de los comprometidos en la revuelta-. No es extraño que muchos en otros países, y algunos en el propio, creyesen que eran tenues nuestras probabilidades de vencer. Los nacionales no tuvieron que apuntalar su postura con amenazas imaginarias de procedencia izquierdista. Antes y después de estallar la guerra civil, esas amenazas fueron proferidas y ejecutadas por los comunistas y sus aliados[3].
Nos recuerda el referido escritor norteamericano [4] que hubo hasta siete ediciones originales de tales documentos polémicos; a saber: los presentados por el Marqués de Moral en Londres, los hallados en Lora del Río, los capturados en La Línea, los encontrados en un pueblo de Badajoz, los recogidos en la calle madrileña de la Princesa[5], los impresos por el escritor Tomás Borrás en Madrid, los referenciados por el gobernador militar de Palencia y los procedentes de Palma de Mallorca, con ocasión de la invasión fallida del capitán Bayo en agosto de 1936.
No obstante, hubo otra versión de tales reglas revolucionarias, y fueron las conservadas por la Dirección General de Seguridad del Frente Popular, una vez iniciada la guerra civil.
Reproducen esta última los textos preparados como documentos I, II y III, cuyos contenidos se comentarán seguidamente. En esta ocasión fueron recogidas de un registro efectuado por la policía en el hogar madrileño del joven José Luis Ortiz de Zugasti durante el verano de 1936. Y, en realidad, son los que tienen más importancia jurídica, habida cuenta de que formaron parte de los instrumentos de convicción, necesarios para condenar al joven mencionado a varios años de trabajos forzados en agosto de 1937[6].
Señalado juicio para el 1 de marzo de 1937, el encausado solicitó del juzgado el día de la audiencia que se suspendiera el mismo a fin de recabar de la Dirección General de Seguridad qué folletos de propaganda fascista se “le han ocupado”, accediendo a ello el Jurado de Urgencia que le juzgaba[7].
Ortiz de Zugasti había declarado en la Comisaría General de Investigación Criminal que tales documentos se los habían dejado en un sobre anónimo, por debajo de su puerta, lo que, en principio no parecía muy congruente, tratándose el procesado de un conocido de la familia de Primo de Rivera y siendo además un antiguo militante de la Falange[8].
Los jueces de urgencia que investigaban unos hechos de hostilidad o desafección al Régimen, que no constituían delito según el articulado tradicional del Código Penal y leyes especiales, en conformidad con el Decreto de 10 de octubre de 1936[9], entendieron que tales documentos podían relacionarse con la sublevación militar, y, en consecuencia, se inhibieron de seguir conociendo la causa en beneficio del Tribunal Popular Especial:
(…) habiéndose aportado a los autos un oficio de la Dirección de Seguridad en el que se insertan particulares del expediente policial referidos al inculpado entre los que figuran la reseña del carnet de FE, a nombre del mismo, un recibo de cotización y un informe confidencial, instrucciones y contraseñas que hacían relación a un movimiento revolucionario que debía estallar desde el diez de mayo hasta el veintinueve de junio, detallándose las órdenes de enlace entre los comprometidos, actos de violencia relativos a la huelga general, ocupación de edificios oficiales, sublevación en los cuarteles, si bien referido en su iniciativa a elementos de izquierda (…) Que de comprobarse la filiación fascista del inculpado, la tenencia en su poder de las instrucciones revolucionarias a que se hace referencia en el anterior resultando, pudiera acusar en aquél una participación importante en la sublevación subsistente por lo menos en la preparación de la misma por los elementos fascistas, pues aun cuando las instrucciones se imputan a elementos de izquierda no pueden desconocerse que la clandestinidad y el disfraz en que se envuelven los planes revolucionarios pudieran en el presente caso ocultar los planes subversivos que tuvo efectiva realidad y cuyo discernimiento en todo caso corresponde a la competencia de los Tribunales Populares, por tratarse de delito de rebelión militar que cristalizó en el alzamiento del dieciocho de julio…[10]
En consecuencia, le correspondió el conocimiento de los hechos al Tribunal Popular Especial de los Delitos de Rebelión Popular (expediente 1147/1937), en fecha trece de abril de 1937, evacuando el Ministerio Fiscal informe negativo el siete de mayo:
Que teniendo presente que los documentos en que se quiere fundar la inhibición, de su redacción sólo aparece que se refieren a actividades que en nada se relacionan con el actual movimiento, pues que esto pudiera encubrir manifestaciones de éste, no pasa de ser una suposición, que por ningún otro dato se corrobora, queda únicamente imputable al José Luis Ortiz de Zugasti hechos que a la jurisdicción de los Jurados de Urgencia pertenecen, a los que debe trasladarse nuevamente[11].
En mérito de lo anterior, el Tribunal popular se acoge al planteamiento del Ministerio Público, ordenando por auto de nueve de abril no haber lugar a la inhibición y devolviendo los autos al juzgado de procedencia para su resolución definitiva[12], no entrando a resolver judicialmente sobre la oportunidad de dichas instrucciones confidenciales.
Con todo, la tenencia de esta documentación en poder del procesado no debiera extrañarnos, habida cuenta de que copias de tales instrucciones fueron divulgadas en la capital de España durante la primavera de 1936, y con mayor difusión en los círculos contrarios a la izquierda, como constataría un año después el corresponsal norteamericano H. Edward Knoblaugh[13].
Esto expuesto, el estudio de este epígrafe girará, principalmente, en torno a la certeza de tales proyectos revolucionarios, pero apoyándonos en otros puntos de vista, no necesariamente bibliográficos.
Como se sabe los pretendidos documentos muestran instrucciones de tipo revolucionario. Independientemente de su posible exactitud o inexactitud nos hallamos, quiérase o no, ante reglas sociales, siquiera de naturaleza revolucionaria. Ello implica por tanto que deban ser estudiadas conforme a ritos interpretativos jurídicos. En consecuencia, cobran gran importancia el contenido, los antecedentes, la gramática empleada, la realidad social en que fueron dictadas, la personalidad de los autores…
Como precedente análogo, podríamos aludir a la instrucción trés confidentiel de 1927, programada para la zona de París por el Partido Comunista francés, y que sería objeto de una interpelación en sede parlamentaria, con ocasión de la sesión del Senado del dos de febrero de 1937[14].
El asunto tiene interés por su carácter ejemplarizante, no en vano la III Internacional tenía radicada su dirección ejecutiva para la Europa occidental en plena capital francesa. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la región de París se dividía en doce sectores, al frente de los cuales se hallaba un comisario, que dependía de una especie de estado mayor de ocho hombres. Por detrás de este comité superior, se hallaban las tropas de asalto, formadas por más de cien mil almas. Se indicaban en estas instrucciones, lo mismo que en las españolas de nueve años más tarde, los puntos de concentración (fábrica Citroën, plaza del Combat, etc.), las reglas esenciales (masas populares encuadradas, alertas, elementos de seguridad); así como los objetivos constantes y eventuales, las empresas decisivas, los puntos neurálgicos, la homogeneidad de tropas, los medios y los comités locales, los centros de enlaces, la ocupación de correos, telégrafos, garajes, centrales eléctricas, empresas y fábricas de guerra… En fin, el documento concluía con una orden formal para la aplicación inmediata de cualquier medida que pueda garantizar, en caso necesario, la rapidez de las realizaciones[15].
Y en absoluto constituía un documento desfasado, teniendo en cuenta las medidas impresas en 1935 por los propios comunistas en su oficina parisina de ediciones, las cuales transcribía el senador Gautherot en la referida sesión parlamentaria:
Cuando un impulso revolucionario tiene lugar, cuando las clases dirigentes están desorganizadas; las masas en estado de efervescencia revolucionaria y las capas sociales intermedias dispuestas en su vacilación a unirse al proletariado, el partido del proletariado está a punto para llevarlas directamente al asalto del estado burgués cuando las masas están dispuestas a luchar y al sacrificio. Esto se logra mediante consignas transitorias de propaganda cada vez más acentuadas (los soviets, el control obrero de la producción, los comités campesinos para la expropiación de las grandes propiedades, el desarme de la burguesía, el armar al proletariado, etc.) y la organización de acciones de masas, que debe estar subordinada a todas las formas de agitación y propaganda del partido, incluyendo la agitación parlamentaria. Para estas acciones de masas se relacionan: huelgas y manifestaciones combinadas, los ataques conjuntos con manifestaciones armadas y, finalmente, una huelga general ligada a la insurrección armada contra el poder estatal de la burguesía. Esta última forma superior de lucha está sujeta a las reglas del arte militar; requiriéndose un plan estratégico ofensivo de operaciones, la abnegación y el heroísmo del proletariado. Las acciones de este tipo están necesariamente condicionadas por la organización de las masas en formación de combate, pues la misma forma entraña y pone en marcha el mayor número posible de trabajadores (soviets de diputados obreros y campesinos, soviets de soldados, etc.) y el fortalecimiento de la obra revolucionaria en el seno del Ejército y la Flota[16].
La importancia de esta discusión parlamentaria resulta palmaria, habida cuenta que por entonces gobernaba en Francia el Frente Popular constituido por socialistas, radicales y comunistas. Incluso, dos años más tarde, con ocasión de la firma del pacto germano-soviético, el partido comunista francés fue estimado como una especie de grupo traidor a la patria, publicándose en la gaceta oficial un decreto ministerial por el que se autorizaba la suspensión de las publicaciones juzgadas peligrosas para el orden público y la seguridad nacional[17], lo que motivó la clausura de los periódicos comunistas más significados, comenzando por L’Humanité y Ce Soir. De hecho, varios diputados que, por entonces, formaban parte de la comisión de asuntos extranjeros de la Cámara, se negaron a deliberar con sus colegas comunistas, manifestando en sede parlamentaria el radical-socialista Gaston Riou lo siguiente:
Vuestro partido es el partido del enemigo, el instrumento del enemigo: no debemos discutir aquí más mientras nuestros colegas comunistas no hayan declarado solemnemente que rompen su servidumbre con Moscú…[18]
Y, declarada la guerra a Alemania días después, las actividades de la III Internacional fueron prohibidas en Francia, merced al decreto de 26 de septiembre de 1939, implicando por tanto la interdicción del partido comunista[19]:
Est interdite, sous quelque forme qu’elle se présente, toute activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager les mots d’ordre émanant ou relevant de la Troisième internationale communiste ou d’organismes contrôlés en fait par cette Troisième internationale[20].
Sont dissous de plan droit le parti communiste (S.F.I.C.), toute association, toute organisation ou tout groupement de fait qui s’y rattachent et tout ceux qui, affiliés ou non a ce parti, se conforment dans l’exercice de leur activité a de mots d’ordre relevant de la Trosième Internationale communiste ou d’organismes contrôlés en fait par cette Trosième Internationale.
Des arrêtés du ministre de l’intérieur fixeront en tant que de besoin les conditions de liquidation des biens des organismos dissous[21].
Retornando a nuestro país, nada relevante se sabe sobre las instrucciones encontradas a principios de la guerra en la localidad gaditana de La Línea, quiénes fueron los protagonistas y por qué llegó una copia de las mismas al extranjero. Sospechamos, a contrario sensu, que fueron capturadas por las tropas sublevadas al inicio de la Guerra en un registro cotidiano efectuado por las fuerzas policiales.
Con todo, dos sendos informes de los gobernadores militar y civil de la provincia de Cádiz redactados tras la pacificación de esta provincia andaluza nos mostrarán algunas características que cuadran con el contenido de las polémicas instrucciones[22]. El memorando remitido por el Gobernador Civil gaditano[23] revela que desde finales de abril subsistía la huelga en los astilleros gaditanos, declarándose la huelga general por los sindicatos afectos al Frente Popular el 18 de junio, procediendo la autoridad política de entonces a detener a cien individuos por coacciones, recogiéndose de paso propaganda clandestina. El movimiento revolucionario sería neutralizado por la Fuerza Pública el día siguiente mediante el uso de las reglamentarias armas de fuego. Recordemos que la provincia de Cádiz representaba para los “documentos secretos” un territorio donde únicamente actuarían las fuerzas sindicales merced a la huelga general. No obstante, el informe elaborado por el gobernador militar de la provincia en 1937 nos enseña que tras la declaración del Estado de Guerra en la capital las fuerzas sublevadas fueron hostilizadas con pistolas ametralladoras, causando algunas bajas; estas armas, como se comprobaría horas después, las gastaban las milicias comunistas. Curiosamente, dicho armamento había sido el señalado en los documentos referidos como uno de los apropiados para ser usados en caso de que estallara la insurrección izquierdista planificada. Y, a mayor abundamiento, la prensa extranjera informaba en la primavera de 1936 de la siguiente noticia gaditana:
CADIZ, 30.- La Policía aprehendió en una casa particular, armas, municiones y documentación comunista.- (United Press)[24]
Por lo demás, el personal obrero y campesino era numerosísimo y militaba mayoritariamente en los sindicatos del Frente Popular, según las referencias precisas del gobernador militar. Sus ideas eran notoriamente revolucionarias, como desvelan las siguientes líneas redactadas por entonces:
Proceda a cambios de mandos en carabineros, desde el General inspector hasta el último que por su condición de indeseable –palabra que ellos designaron antes al individuo que tenía ideas avanzadas- y de esta forma democratizar este Cuerpo, verdadero arsenal de revolucionarios que están y estarán al servicio del pueblo…[25]
Como resultado de lo expuesto, se podría inferir que la zona gaditana reunía condiciones para haberse operado en conformidad con el contenido revolucionario de las instrucciones contestatarias, permitiendo pensar que el hallazgo de tales papeles en la sede comunista de La Línea constituía una noticia real.
Más al norte, se halla la localidad sevillana de Lora del Río, donde se asegura que fueron halladas otras copias de los famosos documentos secretos. Quien certifica tal circunstancia es el citado Luis Bolín, quien ha mantenido la autenticidad de dichos originales, puntualizando que fueron observados por él en persona en agosto de 1936. En este caso ya no nos encontramos con una simple referencia bibliográfica extranjera, ni siquiera con un erudito que trata de convencernos de que tales copias proceden de tal lugar, sin haber sido comprobado por el dicente; ahora es una personalidad muy próxima al general Franco quien ratifica esa circunstancia factual.
Personalmente, creemos que la afirmación de Bolín es correcta, por más que Southworth trate de minusvalorar el testimonio de aquel con referencias a su pasado político; táctica reprochable cuando el mismo escritor norteamericano realizó prestaciones político-administrativas en el período del conflicto bélico, por cuenta del gobierno de la II República, merced a las gestiones de Fernando de los Ríos en los Estados Unidos.
No sólo parecen ciertas las afirmaciones de Bolín sino que tiende a confirmarlas lo observado en la localidad de Lora del Río durante la efímera dominación del Frente Popular. En dicha población se decretaron medidas típicamente revolucionarias y sangrientas, una vez que los partidarios del Frente Popular consiguen hacerse con el poder consistorial. Entonces, se crearía un comité revolucionario, según confesión del Juez de 1ª Instancia e Instrucción, que iba a ordenar el apresamiento inmediato de los principales contrarrevolucionarios residentes en el municipio, procediendo a su eliminación en las proximidades del cementerio municipal. En total, fueron 94 personas las masacradas, cuya ideología era conservadora o de extrema derecha, aun admitiendo los rigurosos adjetivos utilizados por el funcionario encargado de cumplimentar los impresos oficiales para la investigación judicial. La rapidez con que los dirigentes del comité local se desembarazan de todas estas personas incómodas (entre el 19 de julio y el 6 de agosto) únicamente puede tener un significado revolucionario, en concordancia con lo que las instrucciones que nos ocupan prescribían en uno de sus puntos más enérgicos: la ejecución inmediata de todas las personas incluidas en las listas negras…
La atmósfera revolucionaria que se respiraba en la provincia de Sevilla no se había propagado con ocasión de las elecciones de 1936, sino que procedía de los primeros tiempos de la II República. En julio de 1931, como ya hemos referido, el entonces gobernador hispalense (de ideología socialista) había redactado un informe donde aseguraba la existencia de un ambiente de subversión y guerra encubierta, advirtiendo la presencia de extremistas de izquierda decididos a tomar el poder y, por ende, la necesidad de que actuara el Ejército con plenos poderes[26]. En los meses previos al estallido de la guerra, la situación había empeorado[27] pues se había incorporado a esa militancia revolucionaria amplios sectores del socialismo sevillano, si bien la voz cantante correspondía al movimiento comunista[28].
La bibliografía extranjera que exhibe Southworth señala igualmente un pueblo próximo a Badajoz, como otro de los lugares en que aparecieron varios ejemplares de las mentadas instrucciones del subversivo plan. Nada tendría de particular, pues en conformidad con tales reglas secretas la región extremeña estaba conceptuada como zona de asalto, lo que implicaba que tendría que haber una fuerte militancia entre los grupos izquierdistas de tendencia revolucionaria. Que esto era así, lo había acreditado en el mes de mayo el dirigente comunista Antonio Mije durante el transcurso de un mitin celebrado en la capital pacense[29]. Si bien, la milicianada de los primeros instantes de la guerra era de ideología más bien socialista, como parecen demostrarlo los documentos que hemos consultado: de hecho, bastantes de estos hombres fueron movilizados con rapidez y astucia, neutralizando así a sus enemigos potenciales, quienes pasaron de inmediato a ocupar las cárceles existentes[30] (en no pocos casos las iglesias parroquiales). Sin apenas solución de continuidad, en aquellos pueblos donde triunfó el Frente Popular se constituyeron comités revolucionarios o de defensa (llamados también comités de sangre), cuya denominación resulta muy significativa.
La documentación indica también que los frentepopulistas poseían armas antes del levantamiento militar, aunque de mala calidad, como reconocería el diputado Martínez Cartón en la prensa madrileña de septiembre[31]. Con todo, las huestes movilizadas directamente por el comunista Cartón sí estaban armadas con armas largas y pistolas ametralladoras, según sendos certificados policiales y municipales del momento[32], lo que concuerda con el contenido de las cuartillas secretas.
Por otro lado, en la capital de España se conocieron hasta cinco ejemplares distintos de los papeles secretos: los citados de Ortiz de Zugasti, los de Tomás Borrás, los del Marqués de Moral, el procedente de la Calle de Princesa, los observados por Manuel Aznar en la primavera de 1936 y los publicados por el diario socialista Claridad en iguales fechas.
Pues bien, a finales de los años sesenta, Ricardo de la Cierva trató de descifrar la peripecia madrileña de los documentos, hasta el punto de suponer que el escritor Tomás Borrás los había redactado con la ayuda de una mecanógrafa del Ministerio de la Guerra[33]. Desde entonces, todo el mundo parece haber aceptado la suposición de la Cierva, incluyendo, por supuesto, los escritores que tanto han refutado sus planteamientos. No obstante, una suposición no debiera constituir una afirmación de carácter definitivo, y menos en temas tan delicados y polémicos. No en vano, por las mismas fechas, Tomás Borrás había referido (siquiera en tercera persona) un supuesto distinto al de la mera falsificación:
La casa de Borrás fue el último centro de reunión, coordinación y centralización de instrucciones, además de la propaganda, que se hacía a riesgo de la detención callejera (…) y fue su éxito extraordinario cuando lograron [él y Carlos Luis de la Fuente, jefe de la propaganda de Falange en el Madrid de la Guerra Civil] apoderarse de las instrucciones que estudiadas y redactadas por el comité de rusos y españoles instalado en el Ministerio de la Guerra, minuciosa organización y planificación del golpe de Estado que se daría el primero de agosto para implantar… ¡desde el Poder!… la República Socialista Soviética. Todos los libros, que tratan de los inicios de la Cruzada, se refieren a esas hojitas y algunos las copian. Salieron de casa de Borrás y circularon por toda España…[34]
Por Madrid circulan hojitas, que reproducen las instrucciones elaboradas en el Ministerio de la Guerra por técnicos soviéticos. Alguien se ha podido procurar esos textos, los imprime clandestinamente y los hace circular. El 1º de agosto es la fecha de la toma del Poder por asalto…[35]
Por tanto, el coronel e historiador bélico, José Antonio Gárate Córdoba, conversaría nuevamente con Borrás, revelándole este la verdadera odisea de los documentos subversivos: el locutor de Radio España Pepe Medina[36] le había avisado de que en el Ministerio de la Guerra se estaban pasando a máquina unas extrañas instrucciones, en presencia de varias personas (entre las que se encontraban dos individuos de nacionalidad rusa). El escritor le rogó a su interlocutor que le consiguiera una copia, cosa que hizo, imprimiendo a continuación las instrucciones recibidas y divulgándolas. Además, Borrás le hizo saber a Gárate que estaba preparando un libro donde abordaría la autenticidad de los documentos, pero moriría ese año (1976) sin poder, por tanto, completar la obra prevista.
No obstante, un año antes de que Southworth pudiera publicar su primera obra en la que sostenía la falsedad de los llamados documentos secretos, Borrás había aludido a ellos, claramente, en un libro que trataba el ambiente madrileño durante la guerra civil[37]. En particular, aquél mantenía la versión difundida por los militares sublevados en el sentido de que estaba previsto un levantamiento marxista revolucionario, cuya progresión implicaba la lucha armada. Es decir, dos décadas después de cesar las hostilidades el periodista seguía aún convencido de la veracidad de las instrucciones y de la legitimidad de las tropas rebeldes para oponerse a tal movimiento revolucionario:
Las dos revoluciones iban paralelas a la hora de la decisión: la rescatadora, sin fecha fija, cerrando filas a duras penas; la roja, prevista para el 1 de agosto (…) La legitimidad del Alzamiento fue doble, y en cada caso de los dos, completamente legal. El tiempo lo ha corroborado (…) el llamado por ellos “Día rojo español”, en realidad “antiespañol”, prólogo de la revolución dislocadora, sería, como sabemos, el 1 de agosto. Por horas no nos anega la Milicia de las Casas del Pueblo, Radios comunistas y cubiles de la FAI…
Esta postura no era nueva en el célebre periodista, pues la había mantenido en dos libros anteriores, publicados en la década de 1950. En el primero de ellos refería la admirabilísima organización secreta de la Komintern[38] y cómo había tejido en Europa su peculiar tela de araña política. Dos años más tarde, y con ocasión de publicar otra novedad bibliográfica[39], Borrás iba a aludir a ciertas instrucciones de los mencionados documentos:
Hay que liquidar ahora totalmente la lucha de clases (…) Cuantos antes acabemos con ellos, antes triunfará la causa, y en definitiva es la consigna revolucionaria que tenéis que obedecer…
-Mira, compañero, nosotros hemos dao los informes, y mucho antes del golpe estábamos vigilando. Demasiao sabes qué labor hemos hecho, que sin nosotros bien difícil les hubiera sido a los Radios y a la Casa del Pueblo…
Si el famoso periodista hubiera confeccionado los documentos secretos de su puño y letra (como se ha presumido) ni siquiera los mencionaría, y mucho menos un cuarto de siglo más tarde. Por lo demás, el lenguaje en que están redactados los documentos es técnico y muestra datos usados por especialistas de Estado Mayor, muy difíciles de conocer por parte de un neófito periodista. Con todo, hubiera bastado únicamente el comparar los textos de las polémicas instrucciones con la sintaxis y el estilo literario empleados regularmente por Borrás en sus múltiples escritos para comprobar que resultaban antitéticos y poco conciliables. A mayor abundamiento, el escritor madrileño pertenecía ya a la Falange clandestina, la cual había contactado con Pestaña y su Partido Sindicalista para llegar a una futura fusión política, lo que no casa con que aquel pudiera redactar unas falsas instrucciones en las que dejaba en mal lugar a Pestaña y a sus correligionarios. En realidad, lo máximo que podría haber hecho el falangista Tomás Borrás es lo que hizo: hacerse rápidamente con las instrucciones y divulgarlas entre sus conocidos o aquellas personas inmersas en la conspiración militar (entre las que se hallaba su propia mujer, agente secreto de Primo de Rivera).
Pues bien, las copias se repartieron por la capital y llegaron a las manos de varias personas: suponemos que, al menos, a los oídos de Manuel Aznar y del diario socialista Claridad.
El citado en primer lugar, director por entonces del periódico republicano El Sol incluso iba a transcribir el contenido de una de ellas (la más desconocida) una vez concluidas las operaciones militares. La forma en cómo llegaron a su poder constituye un misterio, mas no ha de preterirse la información privilegiada que manejaba merced a su importante puesto periodístico y sus contactos anti-Komintern; al igual que su militancia en la milicianada madrileña de las primeras fases de la guerra, justo antes de pasarse al bando sublevado[40].
Por su parte, el diario madrileño Claridad emitiría el 30 de mayo de 1936 un mentís en relación con las mencionadas instrucciones. Pero, la verdad, pocos le hicieron caso entonces, incluido sus propios lectores que apenas protestaron por la revelación del presunto complot. No en vano, el pasado 17 de abril había podido contemplarse en la capital de España la sincronía revolucionaria con que se actuaban las milicias socialistas locales, los radios comunistas, las juventudes en trance de ser unificadas y la Casa del Pueblo de la capital, declarando la huelga general y operando al margen de las consignas públicas de los dirigentes del Frente Popular[41]. El citado periódico, que sostenía las tesis más radicales dentro de la familia socialista, tenía forzosamente que emitir un comunicado (no muy enérgico) en relación con las sorprendentes instrucciones, ya en manos de sus adversarios políticos; con mayor motivo, cuando los dos directores del periódico (Carlos de Baraibar y Luis Araquistáin) aparecían como implicados en la dirección del plan insurgente.
Más al norte, nos hallamos con la isla de Mallorca, territorio en el que también aparecieron algunas copias de los documentos inicialmente subversivos. No obstante, el contenido de las mismas varía en relación con el patrón observado en la Península. En la actualidad, la mayoría de autores especializados los conceptúan erróneos sin apenas comprobaciones[42] (motivado por la influencia de Southworth) lo que provoca que se prescinda de indagar lo suficiente. Bien es cierto que el hallazgo de las instrucciones entre la documentación abandonada por las tropas de Bayo en su retirada de la isla en 1936 no parece muy consistente, salvo que las reglas secretas pudieran servir como modelo tras la hipotética conquista de la isla por las tropas frentepopulistas embarcadas en el puerto de Barcelona.
Con todo, en la localidad mallorquina de Pollensa se encontraron listas negras de derechistas[43] y en la isla de Menorca se había procedido a la eliminación inmediata de la élite militar contraria al Frente Popular, una vez que el brigada Marqués – de tendencia socializante[44]– se convirtiera en el amo y señor de la isla; lo que acaeció entre los últimos días de julio y primeros de agosto[45].
En cualquier caso, las instrucciones descubiertas en Mallorca fueron estimadas como auténticas por un especialista de la época en espionaje e información militar: el mayor británico Norman Napier Evelyn Bray. Este oficial había sido agente especial del gobierno de su graciosa Majestad para Oriente Medio, donde llegaría a desempeñar en 1919 la máxima representación del imperio británico en Bahréin y el Golfo Pérsico; con posterioridad, prestó servicios para el Foreign Office, encargándose de investigar, de forma reservada, las intrigas de naturaleza bolchevique[46].
Aunque se ignoran las fuentes en que se basó este militar inglés para considerar totalmente fidedignas las instrucciones del levantamiento revolucionario capturadas en Mallorca, ofrece gran lujo de detalles sobre el plan insurgente a desarrollar en las islas merced a una monografía suya que vería la luz pocos meses más tarde[47].
Otro depósito de los documentos secretos fue hallado en la ciudad de Palencia durante los primeros días de la guerra civil. Los ejemplares fueron descubiertos en los domicilios de unos dirigentes frentepopulistas de la capital por agentes del Gobierno Militar durante la práctica de un registro policial[48]; el hallazgo fue publicado en la prensa provincial[49], haciéndose eco de la noticia otras fuentes escritas de la España sublevada[50].
En esta capital castellana actuaba como Gobernador Civil el general de brigada Antonio Ferrer de Miguel[51] que a su vez desempeñaba el cargo de Comandante Militar de la provincia. Hombre meticuloso: había dictado a finales de julio una serie de recomendaciones (de obligado cumplimiento) en relación con la forma y métodos de practicar detenciones y registros[52], no dejando nada a la improvisación.
Los asesores e informantes del general Ferrer dieron crédito a lo que habían recogido sus subordinados, pues se cuidaron de no publicar aquellos detalles de las instrucciones que podían acrecentar el ánimo y la confianza del enemigo, así como el desasosiego de las tropas rebeldes: me refiero al comentario de los miles de hombres que constituían las milicias de asalto (según los documentos) de las provincias gallegas y asturiana, lo que implicaba una peligro considerable para los alzados palentinos. Tampoco se publicó el nombre de los enlaces que operaban en las provincias castellanas.
Con mayor razón, cuando la zona minera palentina de Barruelo y la colindante de Reinosa se consideraban en las órdenes secretas como territorios de asalto, lo que iba a guardar relación con los primeros movimientos bélicos de las milicias izquierdistas locales durante los primeros días del alzamiento militar:
Oficialmente y con la oportunidad consiguiente, lo que prueba lo admirablemente montados que se hallan los servicios de prevención y vigilancia en toda la provincia, se supo en la capital que numerosos contingentes extremistas, integrados por elementos marxistas de Reinosa y por mineros de la cuenca del norte de nuestra provincia, habían formado un grupo combativo, y que se disponía a avanzar hacia los pueblos de Mataporquera, Quintanilla, Aguilar…[53]
Desde una perspectiva militar, la información referente a un fuerte adversario en la montaña palentina era correcta, como iba a demostrarlo la unidad especial de orden y policía que se establecería en dicha área mientras subsistió el frente de guerra en el norte provincial[54].
Al inicio de las hostilidades, no sólo en Palencia fueron hallados textos escritos que indicaban la existencia de un programa revolucionario. Lo mismo sucedió en otras partes, como acreditaba la prensa rebelde durante la primera quincena de agosto y corroboraría, semanas más tarde, la información portuguesa de carácter oficial:
A un comunista detenido en Salamanca se le ha encontrado un plan terrorista que Rusia había elegido para nuestro país. Iba precedido de la muerte de todos los jefes y oficiales, de todos los jefes de entidades bancarias y patronos en general…[55]
En Sádaba tenían los marxistas un plan trágico. Contaban con un verdadero arsenal de pistolas cuchillos, sables y bombas. Se disponían a dar muerte a los guardias civiles y a todos de la lista negra[56]…
Los actos vandálicos que en la mayoría de los pueblos han realizado los marxistas obedecen a un plan previo que el Ejército salvador ha abortado. En documentos que han sido intervenidos y que oportunamente se darán a la publicidad, se descubre la trama devastadora del plan comunista y de las instrucciones que se habían circulado a las masas para que se realizase toda serie de crímenes, con el fin de imponer por el terror el régimen soviético…[57]
En el sur de España, existía por lo menos en cada pueblo una célula local bien armada y municionada, con instrucciones establecidas pormenorizadamente para el día de la revolución, con un plano -estudiado por técnicos competentes- de las destrucciones a realizar por la dinamita o por el fuego, con indicación de los puntos a atacar o defender; y hasta con largas listas de asesinatos a efectuar. Es curioso advertir que a la cabeza de estas listas figuraba con frecuencia el médico del lugar[58]
No obstante, los propósitos revolucionarios de la izquierda fueron conocidos por agentes contrarios, incluso antes del inicio de hostilidades, como sucedió en la provincia de Vizcaya[59]. Mismamente, en la ciudad de Valladolid, se desbarató un movimiento revolucionario el mismo día del alzamiento, tras descubrirse meses antes la planificación que preparaban los socialistas:
Durante los meses de marzo, abril y mayo se trabajó duramente en propaganda de circulares y hojas patrióticas (…) Hermoso caso de amor a España fue el que dio el prestigioso médico D. Filiberto Lozano Olmedo, profesor del instituto “Zorrilla” de esta capital, el cual, con una sagacidad enorme lograba despistar a los secuaces de la Casa del Pueblo y enterarse de sus planes y menores pasos (…)[60]
Próximamente, a las siete y media de la tarde fue detenido en la carretera de Madrid, por fuerzas del Regimiento de Farnesio, un automóvil que se dirigía a esta población, en el que viajaban dos diputados socialistas a los que acompañaba un agente de Policía, todos ellos procedentes de Madrid, los cuales declararon más tarde, en el Consejo de Guerra que los condenó a muerte, que venían a ponerse al frente del movimiento revolucionario que iba a estallar[61].
Pues bien, la última localidad donde fueron hallados varios pliegos de los polémicos documentos secretos, fue en la Ciudad Condal y durante los primeros meses de la guerra. Fueron extraídos del archivo secreto de la jefatura comunista de Barcelona por un conocido del Marqués de Moral, trasladándolos este seguidamente al Reino Unido, donde comenzaría la fama propagandística de los mismos.
Tales documentos se hallan todavía conservados entre los cientos de folios que comprende el actual legajo de la Causa General de la provincia de Barcelona; fueron requeridos oficialmente en 1941 por el juez instructor a la Jefatura de FET y de las JONS de la capital catalana. La razón del hallazgo resulta muy sencilla: el juez de instrucción que dirigía la confección de la Pieza Segunda de la Causa General advirtió que los diferentes testigos que desfilaban ante él (Santamarina, Robledo, etc.) aludían a un previo plan revolucionario de tendencia marxista. Sin solución de continuidad, interrogó a varias personas sobre tales extremos e interesó informes, tanto de la Jefatura de Policía de Barcelona como de la sección de Antimarxismo de la Falange oficial. El resultado de ello fue que se unieran a la causa varios documentos de gran valor político: una copia de los “documentos secretos” depositados en el Ministerio de la Gobernación, unas instrucciones de naturaleza anarquista sobre la preparación de la guerra civil desde 1935 y un informe redactado por el comisario de policía de Barcelona sobre la situación de agitación y descomposición habida en el país durante la primavera trágica; preludio preocupante del estallido de una revolución social.
Los diferentes personajes que depusieron ante el citado juez instructor dan toda clase de detalles sobre este hipotético plan de levantamiento revolucionario: reparto clandestino de armas entre los partidarios del Frente Popular, existencia de telegramas sospechosos, presencia del citado agente comunista Bela Kun en la Ciudad Condal, adiestramiento en el manejo de armas por las milicias izquierdistas, presencia inusual de individuos extranjeros y hasta fondos económicos procedentes de la URSS –trasladados sigilosamente en buques mercantes-. Sea como fuere, los dicentes no eran neófitos -ni siquiera simples ciudadanos- sino personas involucradas, concienzuda y secretamente, en el movimiento militar que se preparaba; la mayoría con experiencia en espionaje e información comprometida, siendo algunos de ellos dirigentes de las agrupaciones contrarrevolucionarias existentes en Cataluña (Falange, Comunión Tradicionalista, Unión Militar Española, etc.).
El contexto social en que vieron la luz las polémicas instrucciones estaba en plena efervescencia. No era el propicio para el desenvolvimiento de una sociedad pacífica, sino todo el contrario. De hecho, los famosos documentos debieron redactarse durante el mes de abril (que analizaremos enseguida) y fueron seguramente escritos por varias personas con pleno conocimiento de la situación política por la que atravesaba el país.
Para entonces, la tranquilidad había desaparecido de la mayoría de hogares españoles, y ese nerviosismo social había penetrado también en las Cortes. Frente a lo que se ha propalado por algunos escritores, no fueron los líderes de la oposición quienes impidieron el normal desarrollo de la vida pública, sino los elementos extremistas del Frente Popular quienes propusieron en el Parlamento una ruptura política en toda regla, lo cual se transformaría en guerra civil meses más tarde.
La victoria dudosa del frente izquierdista y la escasa limpieza observada en las elecciones de febrero no se vieron así purificadas por una política parlamentaria pacífica ni por una labor acertada del gobierno que encalmara el país, completamente asolado por un vendaval político-social que continuaba arreciando.
El control por parte de los partidarios frentepopulistas de los Gobiernos Civiles (fuera por dejación de funciones de los políticos salientes, fuera ya por las coacciones y amenazas directas de personas extremistas de izquierda) había restado credibilidad al triunfo electoral de febrero. Si esa ilegitimidad de origen (en términos jurídicos) hubiera sido subsanada por un ejercicio responsable del poder por parte del nuevo gobierno probablemente no hubiera habido guerra civil, ni siquiera golpe militar: la ilegitimidad originaria se hubiera transformado en legitimidad de ejercicio. Lamentablemente, no fue así.
La observación de la actividad parlamentaria nos hace razonar, por el contrario, que el país se hallaba ya inmerso en una coyuntura para-revolucionaria en el mes de abril; lo que vendría después (en los dos trágicos meses y medio siguientes) no sería más que el empeoramiento de una enfermedad social cuyos primeros preocupantes síntomas habían empezado a aflorar semanas atrás (una vez abiertas de nuevo las puertas de las Cortes).
Repasemos, pues, el itinerario parlamentario seguido hasta finales de abril para comprobar esa particular patología. La primera actuación parlamentaría ya engendró una gran irregularidad y desazón: el desarrollo torticero de la famosa Comisión de Actas; es decir, la validación por los nuevos diputados de los escaños obtenidos por sus compañeros…
La conducta exhibida entonces por los diputados ha de catalogarse como bastante irresponsable e insidiosa, lo que provocaría el fraccionamiento del Parlamento en dos mitades irreconciliables y el enfrentamiento colateral. La mayoría parlamentaria de izquierdas quiso extirpar los escaños logrados por la minoría conservadora, produciéndose auténticos dislates como la “incapacidad” del elegido por la provincia de Salamanca: el tradicionalista Lamanie de Clairac. Hasta tal punto llegaron las arbitrariedades perpetradas que el portavoz Gil Robles llegaría a comentar que la actuación de la mencionada Comisión de Actas representaba, en realidad, la eventual celebración de otras elecciones. Cuando la Comisión terminó su polémica labor, los socialistas y comunistas presentaron el 2 de abril una proposición de ley por la que se solicitaba que se entrara a discutir la oportunidad de la disolución de las Cortes en enero, a los efectos de convocar las elecciones que había ganado el Frente Popular. Nadie de la oposición se dio cuenta entonces de lo que se proponía con aquella medida. Fue necesario que Indalecio Prieto les explicara en qué consistía: la expulsión del Presidente de la República de su cargo. Cuando lo supieron, los políticos derechistas comprendieron que aquella medida implicaba el haraquiri de la convivencia política. Lo que se pretendía, en realidad, resultaba inconciliable con lo que los partidos del Frente Popular habían sostenido insistentemente durante la legislatura que acababa de fenecer: la disolución de las Cortes con el fin de forzar una convocatoria anticipada de elecciones. Nadie que conociera los preceptos constitucionales podía ignorar que la descabalgadura de Alcalá-Zamora de la cúspide del Estado suponía la eliminación de un importante obstáculo institucional, con lo que los elementos extremistas del Frente Popular podrían actuar sin limitación alguna[62], en consonancia con su verdadero proyecto político (el tácito); pues para cumplir el programa moderado firmado por el Frente Popular (el publicado para las elecciones) no necesitaban anular actas legítimas de diputados ni siquiera cesar a un presidente de la República, aunque fuera de talante conservador; tales medidas restrictivas serían superfluas sino se persiguieran otro móviles político-sociales más inconfesables.
En consecuencia, el diputado Ventosa habló claramente de cámara convencional en vez de Parlamento; Goicoechea, de proceso revolucionario en marcha; Calvo Sotelo, de ruptura institucional y Maura, hasta de golpe de Estado… La confianza en las Cortes había quedado destruida.
En dicha difícil coyuntura, Azaña quiso calmar los ánimos con un buen discurso lleno de buenas intenciones: alabó el orden, la autoridad, el entendimiento… Fue bien recibido por la derecha parlamentaria y por sólo dos personajes de la izquierda: Besteiro y Pestaña; en cambio, el resto de la Cámara prefirió guardar silencio.
Mientras tanto, la desactivación de los contrapoderes con los que funciona regularmente una democracia continuaba su marcha: los concejales y alcaldes libremente elegidos en 1931 fueron sustituidos por comisiones gestoras afines al Frente Popular, siguiendo instrucciones de los Gobernadores Civiles, retorciendo el articulado de la Ley de Orden Público. Y, a mayor abundamiento, las elecciones municipales inicialmente convocadas para el 12 de abril fueron suspendidas sine die.
Habida cuenta que la prensa estaba amordazada, merced a la subsistencia del Estado de Alarma y la aplicación por ende de la censura, los únicos adversarios que todavía tenían que dominar las fuerzas revolucionarias del Frente Popular eran los militantes antimarxistas que aún controlaban parte de la calle y el Ejército. Los primeros fueron fáciles de reducir: aprovechando uno de tantos tiroteos ocurridos en Madrid, las agrupaciones y los partidos revolucionarios exigieron al Consejo de Ministros que prohibiera las manifestaciones públicas “fascistas”. El nuevo ministro de Orden Público (a la sazón Casares Quiroga) accedió de buena gana a dicha petición, y mediante un telegrama dirigido a los gobernadores civiles, de manera reservada -el decreto nunca se publicó oficialmente-, ordenó taxativamente que los miembros de las “ligas fascistas y similares” ingresaran de inmediato en prisión. Esto sucedía el 16 de abril y, a partir de entonces, innumerables tradicionalistas, falangistas y miembros de la JAP fueron internados en recintos carcelarios por tiempo indefinido[63].
Neutralizados así los civiles que se oponían a los postulados políticos del Frente Popular, a los exaltados únicamente les restaba por controlar las Fuerzas Armadas.
A mayor abundamiento, un estallido revolucionario tampoco resultaba ajeno a un gobierno de izquierdas. Precisamente, hasta la toma del poder por las fuerzas conservadoras en noviembre de 1933 se produjeron en España alteraciones graves de la paz pública de naturaleza revolucionaria, como ya hemos indicado. Y, en Checoeslovaquia, los comunistas provocarían en 1948 un pustch desde el mismísimo poder, lo que convertiría a la antigua república en una “república popular”.
Por lo demás, resulta notorio que durante la primavera de 1936 aún no mandaba en el país la izquierda revolucionaria (pese a haberse coaligado electoralmente con los conservadores de izquierdas) sino la burguesía. De hecho, todos los ministros del Frente Popular pertenecían a los partidos republicanos moderados; ninguno de ellos militaba en el comunismo, ni siquiera en el socialismo, mucho menos en el anarcosindicalismo.
La censura previa impedía que los periódicos pudieran expresarse con total libertad, en relación con el grave estado de agitación que estaba soportando el país. Únicamente, en las Cortes podían los diputados de la minoría exponer sus ideas libremente; aunque sufrieran por ello coacciones y amenazas de parte de algunos diputados del Frente Popular.
En realidad, la descripción de lo que estaba sucediendo en el panorama nacional la explicaría a su manera el general Mola pocos días después, con ocasión de redactar la primera de sus instrucciones reservadas:
Las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la Nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el Gobierno sea hecho prisionero de las Organizaciones revolucionarias, llevan fatalmente a España a una situación caótica, que no existe otro remedio de evitar que mediante la acción violenta…[64]
Pues bien, en esta atmósfera tan turbia fueron escritas las reglas y órdenes insertas en los documentos que comentamos. El ambiente público de estas semanas era apenas discordante con la posibilidad de que se estuviera preparando un movimiento abiertamente revolucionario por los extremistas de izquierda. En concordancia con esa hipótesis los diarios derechistas publicaban de vez en cuando crónicas y comentarios que aludían a esa posibilidad tan preocupante. Y sorprende bastante que habiendo una férrea censura sobre los medios de comunicación, los periódicos conservadores pudieran referirse a esa posibilidad con tanta frecuencia, que minaba en el fondo la credibilidad del Frente Popular como proyecto político conciliador[65].
Con todo, esta creencia había saltado también al hemiciclo de las Cortes y hasta Manuel Azaña aludió a ese ronroneo informativo en una de sus intervenciones.
De hecho, cuando el rotativo Claridad pretendió a finales de mayo desmentir la presumible programación revolucionaria, mediante la publicación de los documentos secretos I y II nadie le prestaría la mínima atención. Y es que el periódico representaba el ala más radical del socialismo madrileño que, a mediados de abril, ya se había pronunciado por unanimidad por el socialismo revolucionario: expropiación de tierras agrícolas, nacionalización de la Banca, abolición de la Deuda, incautación de las grandes empresas y dictadura del proletariado[66].
En realidad, el diario de la UGT trataba inútilmente de influir en la opinión pública, pero para entonces las posiciones políticas ya estaban definitivamente perfiladas en torno al enfrentamiento sangriento que iba estallar por doquier semanas después. La publicación entonces de las instrucciones secretas (cuando había desaparecido la razón de ser de su confección: las elecciones presidenciales del 10 de mayo, aparte de haber concluido el plazo para presentar proposiciones en el congreso socialista que se avecinaba[67]) poco podía cambiar en el panorama político hispano. Curiosamente, Claridad se esforzó en mostrar las instrucciones sin faltas de ortografía ni errores de denominación toponímica y gentilicia, lo que hace pensar que el rotativo madrileño pudo practicar un análisis minucioso de los documentos originales. En consecuencia, y habida cuenta de que las restantes copias ofrecidas por los alzados presentaron errores e interpolaciones, cabe formular la siguiente pregunta: ¿Cómo llegaron aquellos originales a manos de Claridad?
[1] Discurso de José Calvo Sotelo, 15 de abril de 1936, Diario de Sesiones, nº 17.
[2] Y así, frente a los embustes, a las mentiras del enemigo, podemos oponer las palabras de un hombre de la responsabilidad política del diputado comunista Jesús Hernández (…): ‘Es absolutamente falso que el actual movimiento obrero tenga por norte realizar la revolución para instaurar la dictadura del proletariado (…) Los comunistas somos los primeros interesados en desvirtuar tamaña suposición. Se trata exclusivamente de defender la República democrática que el pueblo eligió el 14 de abril de 1931 y que las urnas han reconquistado el 16 de febrero último’ ¿Se quiere mayor claridad? Cf. “El Partido Comunista, sin renunciar a sus objetivos, sólo trata ahora de defender la República del 14 de abril, reconquistada el 16 de febrero”, Hoja Oficial del Lunes, (09.08.1936), Madrid, p. 7.
[3] Cf. Bolín, L- (1967): España, los Años Vitales, Espasa Calpe, Barcelona, p. 363.
[4] Herbert Rutdlege Souhtworth fue un norteamericano meticuloso: estudió la Guerra Civil española desde una perspectiva bibliográfica y mantuvo una postura anti-franquista intelectualmente comprometida. Su primer libro sobre la guerra española fue publicado en 1963 y se titulaba El Mito de la Cruzada de Franco, cuyo título ya indicaba el planteamiento histórico-ideológico que iba a sostener este escritor durante toda su vida pública. En 1967, vuelve a la carga con su Antifalange, como contraposición al libro de García Venero sobre la Falange de la guerra y la figura del jefe de aquélla hasta los sucesos de Salamanca de 1937, Miguel Hedilla Larrey. Más tarde, publicaría La Destrucción de Guernica, texto en que naturalmente se rendía pleitesía a otro tópico tradicional de la propaganda de la Guerra Civil, el bombardeo de la villa vizcaína por parte de los aviones alemanes que colaboraban con las tropas franquistas. Y, por último, en los umbrales de su muerte, abordaría su verdadera obsesión: la presunta falsedad de los denominados “documentos secretos”, que revelaban un hipotético plan de levantamiento de la izquierda revolucionaria española previsto para la primavera-verano de 1936.
[5]“Instrucciones y contraseñas”. Documento recogido en noviembre de 1936, según certificado del Jefe de Clasificación del Servicio de Recuperación de Documentos en 1939. Cf. Expediente sobre el intento de asalto al Ministerio de la Gobernación y a Unión Radio (Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1513, Exp.7 – 135 – Imagen Núm.: 135 / 194).Principio del formulario
[6] ‘Cinco años menos un día de trabajos forzados y pérdida de derechos políticos con privación de cargo público durante diez años’ (sentencia de 2 de agosto de 1937). Causa General 254, Exp. 1. Archivo Histórico Nacional, folios 72-73.
[7] Ibidem. Acta de Juicio, Jurado de Urgencia nº 5, causa 328/1937, ff. 17-19.
[8] Que en 1934 se afilió a Falange Española por amistad con Primo de Rivera (José Antonio) y con los primos hermanos de éste cómo ha llegado a su poder un escrito a máquina en dos hojas de papel cebolla que llevaba por escrito “Informe Confidencial” que contiene instrucciones para un movimiento de carácter comunista que lleva fecha de 25 de Mayo de 1936 dice que los recibió bajo sobre sin carta ni ningún otro documento… Folios 32-33. Ibidem.
[9] Gaceta de Madrid, (11.10.1936), nº 285, pp.289-290.
[10] Jurado de Urgencia nº 5, causa 328/1937, folio 41. Causa Genera 254, Exp. 1. AHN.
[11] Ibídem, folio 47.
[12] Tribunal Popular Especial (sección primera), pieza 1147, rollo 404, año 1937. Causa General 191, Exp. 21, folios 5-7.
[13] Luego en las tertulias de los cafés, empezó a hablarse del 29 de julio como el señalado para el acontecimiento. Por todo Madrid habían circulado hojas escritas a máquina y enviadas anónimamente a varias Embajadas y Legaciones españolas en el extranjero anunciando esa fecha para el advenimiento de la “Revolución Roja” (…) La mayor parte de los corresponsales no dieron crédito a la circular pues no llevaban firma alguna, y José Díaz, el dirigente comunista español, cuando yo le telefoneé preguntándole qué sabía de ello, negó haberla visto siquiera… Cf. Knoblaugh, E. H. (1937): Correspondent in Spain, edición española de Fermín Uriarte, 1967, Madrid, p. 34.
[14] Cf. “Complot communiste”, Journal officiel de la République Française, débats parlamentaires, (03.02.1937), nº 10, pp. 73 y ss. La interpelación fue iniciativa del senador Gautherot: “El orden del día llama a discutir la interpelación del señor Gautherot sobre el complot comunista urdido contra la seguridad del Estado, en violación de los tratados franco-soviéticos”.
[15] Ibidem … p. 73
[16] Ibidem, p. 74.
[17] “Décret autorisant la saisie et la suspension des publications de nature à nuire à la défense nationale”, 24 de agosto de 1939. Cf. Journal Officiel de la Republique Française, (26.08.1939), p. 10743.
[18] Le Matin, (26.08.1939), p. 2.
[19] “Décret portant dissolution des organisations communistes”. Cf. Journal Officiel de la Republique Française, (27.09.1939), p. 1170.
[20] Artículo 1º, ibídem. Traducción: Queda prohibida cualquier actividad que tenga por objeto directo o indirecto la propagación de las consignas emanadas o pertenecientes a la Tercera Internacional Comunista o a las organizaciones controladas de hecho por esta Tercera Internacional, cualquiera que sea su forma.
[21] Artículo 2º, ibídem. Traducción: Quedan disueltos de pleno derecho el Partido Comunista (S.F.I.C.), cualquier asociación, cualquier organización o cualquier grupo de facto adscrito a él y todos aquellos que, afiliados o no a este partido, cumplan en el ejercicio de su actividad tienen las consignas de la Tercera Internacional comunista u organizaciones controlada de hecho por esta Tercera Internacional. Las órdenes del Ministro del Interior fijarán, en lo necesario, las condiciones para la liquidación de los bienes de los organismos disueltos.
[22] Pieza segunda de Cádiz Causa General.
[23] 18 de diciembre de 1942.
[24] Cf. “Armamento comunista apreendido”, Diario de Lisboa, (30.04.1936), Lisboa, p. 4.
[25] Causa General, carta a Largo Caballero, La Línea, 5 de mayo de 1936.
[26] Informe al Gobierno Provisional de la República, 25 de julio de 1931. Causa General, 1562, exp. 17, imágenes 3 a 12, Pieza segunda de Sevilla.
[27] Y la mejor demostración de que había una revolución latente, prevista con motivo de la Olimpiada del Trabajo de Barcelona (19-26 de julio de 1936), es que en la mayoría de los pueblos conflictivos, las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) portaban pistolas, pistolas ametralladoras, fusiles, bombas de mano e incendiarias y las municiones correspondientes en gran cantidad, lo que les permitió hacer frente en combates de varios días a las tropas de Queipo de Llano. En los pueblos donde las tropas entraron en los primeros días, se encontraron depósitos de armas y municiones, bombas y explosivos. Mejor o peor organizada, la revolución soviética se estaba gestando a marcha forzada en la Andalucía mísera, tomando Sevilla como punto de lanza, como consecuencia de la herencia social y económica recibida de la Exposición Iberoamericana de 1929. Cf. Salas, N. (1992): Sevilla fue la clave, Edición Castillejo, Sevilla, pp. 642 y 643.
[28] Los comunistas sevillanos mostraban en su prensa escrita la forma de desfilar y organizar las milicias armadas del partido comunista, mediante la creación de diversos sectores numerados correlativamente, comités de sector y barriada y escuadras de calle; lo mismo que las milicias operativas en las fábricas. Consúltese “Ejemplo gráfico de cómo deben organizarse las M.A.O.C. en una Población cualquiera”, en Salas, N. (1992): Sevilla fue la clave … pp. 179 y 238.
[29] Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo obrero y campesino de España (…) Camaradas de Badajoz miremos el camino de la Unión Soviética y tendamos a impulsar pronto el Frente Popular. Y unámonos en un solo partido para que España por encima de los fascistas, le tienda la mano y diga: “Igual que tú, he hecho mi revolución; hermana soy en el concierto de los países del mundo”, diario Claridad, Madrid, 19 de mayo de 1936.
[30] Al iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional, los partidos de izquierda, Casa del Pueblo, Agrupación Socialista, Juventud Socialista y en general todos los afiliados a las izquierdas acompañados de sus directivos se lanzaron a la calle dando vivas al comunismo y yendo a las casas de los elementos de Orden y procediendo a su detención, los conducían a la Cárcel donde permanecieron por largo tiempo encarcelados. Poco después y las mismas milicias de las juventudes socialistas, que ya existían antes del Glorioso Movimiento, se dedicaron a recibir la instrucción militar… Informe de FET y de las JONS de Fuenlabrada de los Montes, Causa General, 1055, exp. 1, imagen 25 (Pieza Segunda Badajoz).
[31] ABC, Madrid, 16-IX-1936, página 10.
[32] Los días 14 de agosto y 11 de septiembre de 1936, habiéndose de lamentar en el primero el ataque de que fue efectuado por unos 600 hombres armados de fusiles y pistolas ametralladoras y mandados por un tal Cartón… (informe del Ayuntamiento de Hornachos); Las fuerzas atacantes la formaban 600 hombres armados de fusiles y pistolas ametralladoras y mandados por el tristemente célebre Cartón… (informe de la Comandancia de la Guardia Civil, puesto de Hornachos), Causa General, 1055, exp.3, imágenes 16 y 17, Pieza segunda de Badajoz.
[33] Para acabar de esclarecer las cosas, incluso creemos haber encontrado quien se proclama hoy autor de todos estos documentos, y muy probablemente lo es de los dos primeros y tal vez del tercero. Se trata del escritor Tomás Borras, quien los redactó en su domicilio de Madrid y los distribuyó por medios falangistas y militares tras reproducirlos con la ayuda de una mecanógrafa que trabajaba expresamente en el Ministerio de la Guerra… Véase, De la Cierva, R. (1969): Historia de la Guerra Civil Española, tomo I, San Martín, Madrid, página 709.
[34] Datos autobiográficos de Tomás Borrás, en Las Mejores Novelas Contemporáneas, edición preparada por Joaquín Entrambasaguas, tomo VI, 2ª edición, Planeta, Barcelona, 1962-1967, páginas 1283 y 1284.
[35] Borrás, T. (1971): Ramiro Ledesma Ramos, Editora Nacional, Madrid, p. 666.
[36]Famoso actor teatral del primer tercio del siglo XX, fallecido en 1940. Militante del nacionalsindicalismo desde la época inicial: fue el encargado de guardar la documentación confidencial que las JONS extrajo en su asalto a la sede de la asociación de Amigos de la Unión Soviética en 1932. Cf. Borrás, T. (1971): Ramiro Ledesma Ramos… pp. 334 y 371.
[37] Borrás Bermejo, T. (1962): Madrid, Teñido de Rojo, Sección de Cultura, Artes Gráficas Municipales, Madrid.
[38] Borrás Bermejo, T. (1954): Contra la Antiespaña, Ediciones del Movimiento, Madrid, página 23.
[39] Borrás Bermejo, T. (1956): Checas de Madrid, Luis de Caralt, Barcelona, páginas 7 y 8.
[40] Cabanellas de Torres, G. (1975): La Guerra de los Mil Días: nacimiento, vida y muerte de la II República española, volumen II, 2ª edición, Heliasta, Buenos Aires, página 904.
[41] ABC, 18 de abril de 1936, página 26 y ss.
[42] Ginard i Ferón, D. (1999): El Moviment Obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939), Publicaciones de l’Abadie de Montserrat, pp. 61 y ss.
[43] Ibidem, página 64
[44] El brigada Marqués pidió instrucciones a Madrid sobre qué hacer con los detenidos, dándole la capital de España la orden de que actuara como bien le pareciera… En 1937, reconoció en sede judicial que la incautación de bienes y dinero durante su mandato fue motivada por “atender a las necesidades que el movimiento revolucionario imponía”. Véanse: sumario nº 15/1936 instruido por el Juzgado de Instrucción Especial de Mahón (FC-CAUSA_GENERAL,1459, Exp.4); Piñeiro Maceiras, J. (2021) “Dirigismo contra decoro; el ensalzamiento socialista de Pedro Marqués Barber”, (31.10.2021), https://ntvespana.com>
[45] Causa General, Islas Baleares: pieza principal (partido judicial de Mahón); pieza tercera (cárceles y sacas); pieza cuarta (checas). Registro particular del autor.
[46] VV.AA. (1938): Spain, volume I and II, nº 7, January, Joseph M. Bayo editor and publisher, New York, p. 10.
[47] Bray, N. (1937): Mallorca Salvada …, pp. 32 y ss. Hasta se habían señalado con inscripciones secretas en los distintos edificios quiénes debían ser eliminados y quiénes encarcelados…
[48] Un documento confidencial hallado en poder de los directivos palentinos, demuestra el alcance del movimiento comunista que se preparaba en toda España. Fuente: El Día de Palencia, (03.08.1936), p.1.
[49] El Diario Palentino, 3 de agosto de 1936, página 2.
[50] Diario de Navarra (08.08.1936), Pamplona, p. 4; Heraldo de Zamora (04.08.1936), p. 1; El Progreso (06.08.1936), Lugo, p. 1;
[51] El Diario Palentino, 27 de julio de 1936, página 2.
[52] El Diario Palentino, 31 de julio de 1936, página 2.
[53] El Diario Palentino, 24 de julio de 1936, página 2.
[54] En la zona minera de Guardo queda constancia de la existencia de un misterioso escuadrón de la muerte; unidad similar a los denominados Los Caballeros de la Muerte, quienes vigilaron y castigaron la zona de Sanabria y las mineras del Bierzo y Laciana (colindante con Asturias) por la misma época. Consúltense: Piñeiro Maceiras, J. (2008): “El control estratégico del Bierzo durante la Guerra Civil, las tropas auxiliares de las columnas de Galicia”, Argutorio, nº 21, Astorga, pp.25-29; VV. AA. (2007): Alfonso Ortega Prada, Memorias, Fundación Luis Tilve, Santiago de Compostela; archivo personal del autor.
[55] La Gaceta de Tenerife, (13.08.1936), p.2.
[56] Noticiero de Soria, (13.08.1936), p. 2.
[57] Guión, (12.08.1936), Córdoba, p. 2
[58] Respuesta del Gobierno portugués, Londres, Comisión de no-intervención en la guerra civil de España. Cf. Diario de Lisboa, (29.10.1936), p. 4. El texto íntegro en Poncins, L. de (1938): Histoire Secrète de la Rëvolution Espagnole, nueva edición de Éditions Saint-Remi, Paris, pp. 168-183.
[59] Las declaraciones efectuadas ante la autoridad judicial después de la contienda, desvelan que los preparativos de una revolución marxista, con apoyatura secesionista, avanzaban muy deprisa antes de producirse el estallido del Movimiento Nacional. Consúltense las deposiciones de los falangistas José María Valdés Larrañaga, Ramón Prieto Pérez y Vicente Gómez Alonso; fuente: Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL,1333, Exp.2.
[60] De Raymundo, F. J. (1937): Cómo se inició el glorioso Movimiento Nacional en Valladolid y la gesta heroica del Alto del León, imprenta y librería Casa Martín, p. 9.
[61] Ibidem, pp. 24 y 25.
[62] No obstante, lo que en realidad querían era echar a un lado al primer magistrado de la República burguesa y poner en su lugar a un hombre que en ningún caso fuera a utilizar el Ejército en contra de las columnas socialistas de asalto. Cf. Dahms, H. G. (1966): La Guerra Española de 1936, Rialp, Madrid, p. 113.
[63] Piñeiro Maceiras, J. (2023): La Represión de Franco; persecución y normativa en la España Nacional (1936-1945), SND Editores, Fuenlabrada, p. 198.
[64] Instrucción Reservada número 1, finales de abril de 1936.
[65] Como botón de muestra, conviene referir aquí algún titular del periódico tradicionalista, El Siglo Futuro. Pues bien, en el plazo aproximado de un mes (finales de marzo-finales de abril) este rotativo iba a publicar hasta cinco artículos monográficos sobre la probable intervención de la URSS en España, resultando ilustrativo el titulado “El Plan del Komintern para bolchevizar a España” según las informaciones publicadas en la prensa parisina. Cf. El Siglo Futuro, (24.03.1936), Madrid, p. 13.
[66] El Siglo Futuro, 14 de abril de 1936, página 20.
[67] El comité ejecutivo nacional acordó (…) admitir hasta el 10 de mayo las propuestas de las distintas agrupaciones de provincia en relación con los asuntos que deben figurar en el orden del día. Cf. La Libertad, (29/03/1936), Madrid, p. 1.
CONCLUSIÓN
El análisis del contexto político, parlamentario y social de la primavera de 1936 permite afirmar que la aparición y circulación de los llamados “escritos marxistas” no fue un fenómeno aislado ni carente de significado histórico. Con independencia de la discusión sobre la autenticidad literal de cada una de las copias conocidas, su contenido encaja con un clima de radicalización, movilización de masas y quiebra progresiva de los equilibrios institucionales propios de una situación para-revolucionaria.
La controversia historiográfica en torno a estos documentos revela, en realidad, un problema más profundo: la dificultad de separar propaganda, desinformación y preparativos reales en un periodo de extrema polarización política. En ese sentido, los escritos no deben ser leídos únicamente como pruebas materiales de una conspiración concreta, sino como un síntoma de la ruptura del consenso democrático, de la normalización del lenguaje insurreccional y de la aceptación, en amplios sectores políticos, de la violencia como instrumento legítimo de transformación del poder.
